Cumbre Turismo CEOE

 

En la actualidad el panorama económico internacional, en el que se desenvuelven las actividades de las empresas españolas no presenta los signos esperados de una recuperación del comercio mundial y de las economías de los países principales tras la fuerte desaceleración sufrida el año anterior.

El FMI ha revisado a la baja las tasas de crecimiento, para el ejercicio actual, en el que los Estados Unidos apenas superarán el 2%, la Unión Europea no alcanzará un 1% y Japón registrará un decrecimiento. Tan sólo China y la India impulsarán la reactivación en la zona asiática, presentando, por contra, crecimientos negativos distintos países de la zona Latinoamericana. En Europa Rusia, Hungría y Eslovaquia tendrán crecimientos entorno al 4%.

El momento económico mundial presenta mayores incertidumbres que hace seis meses como lo atestigua la pérdida de confianza de consumidores, inversores y empresarios debido, entre otras causas, al conflicto de Irak, al alza del precio del petróleo, al comportamiento negativo -que marcará hitos históricos- de la caída de las bolsas y al empeoramiento de las finanzas públicas en Alemania, Francia, Italia y Portugal entre otros países.


La Unión Europea se muestra incapaz de convertirse en el motor de la recuperación a pesar de las potencialidades de su mercado único, produciéndose un retraso considerable en la puesta en marcha de los acuerdos de la Cumbre de Lisboa.

España presenta un balance más satisfactorio tanto en su crecimiento económico, que se acercará al 2%, como en el comportamiento de las cuentas del sector público y ofrece como dato más destacado la creación neta de empleo, si bien sus precios interiores siguen creciendo a mayor ritmo que el de sus competidores en la U.E.

Con la plena integración de España en la Unión Europea, perdido el recurso de la política de cambio y estando la monetaria en manos del Banco Central Europeo, las autoridades públicas disponen tan sólo de la política fiscal, sectorial y de oferta para ayudar a evitar el mantenimiento de diferenciales de inflación con nuestros principales competidores, que en el largo plazo derivarían en pérdida de producción y de empleo. De mantenerse los diferenciales de inflación, sin generar diferenciales positivos de productividad capaces de absorberlos, los ajustes de la economía española se acabarían efectuando por una menor creación de empleo.

Es en este contexto en el que se plantea la necesidad de analizar la situación competitiva de las empresas turísticas españolas y el impacto que en las mismas tienen los marcos fiscal, laboral y tecnológico, y proponer medidas al efecto. En unas condiciones de durísima competencia a las que hay que hacer frente por la globalización de los mercados, la no adopción de medidas significa una pérdida de competitividad con respecto a nuestros competidores que dificultaría la obtención de los beneficios de la recuperación para España cuando esta se produzca.


Para ello, parece necesario, en primer lugar, definir qué es la competitividad. La competitividad es uno de los conceptos económicos más importantes y que mayor interés despierta, ya sea desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico y de recomendaciones de política económica. Desde el punto de vista de actuación en la economía, este interés es atribuible a las consecuencias de los procesos de internacionalización y globalización; en un contexto económico caracterizado por ambos procesos, la competencia internacional aumenta de forma exponencial debido al nivel de integración de los mercados internacionales de mercancías y capitales, por lo que los países que desean alcanzar mayores niveles de crecimiento y bienestar se ven obligados a conseguir mayores niveles de eficiencia económica que les permita competir en dichos mercados.

El análisis de la competitividad requiere una doble aproximación. Por un lado, el análisis microeconómico, o a nivel de empresa y sector y por otro el análisis macroeconómico, o a nivel de país o área geográfica. Desde el punto de vista micro, existe un acuerdo generalizado en cuanto a la definición de la competitividad y los factores que la determinan. En cambio, en la aproximación macroeconómica, y a pesar de su larga tradición, no existe en la doctrina económica acuerdo unánime en relación a muchos de los aspectos de la competitividad, tales como la mejor forma de medirla, los factores determinantes de la misma e incluso la definición exacta de competitividad, debido a la complejidad del concepto.

En cualquier caso, como hemos dicho, desde el punto de vista micro o de la empresa, que es el que a nosotros nos interesa, existe acuerdo en cuanto al significado e implicaciones del concepto de competitividad. Ésta se define como la capacidad de las empresas para competir en los mercados y en base a su éxito, o competitividad, ganar cuota de mercado, incrementar sus beneficios y crecer. (OCDE, 1992)


Tradicionalmente se han utilizado una variedad de indicadores para medir la competitividad empresarial. Entre ellos podemos destacar las cuotas de mercado, los beneficios, los dividendos y los gastos de inversión. Los estudios empíricos realizados durante varias décadas afirman que los factores o determinantes de la competitividad empresarial son, en primer lugar, los relacionados con los precios y los costes.

Como sabemos, una empresa que produce un determinado bien o servicio será más competitiva, o venderá más si es capaz de ofrecer precios menores que los de sus competidores. Sobre los precios de venta influyen los costes de los factores, es decir, los costes del capital, de la mano de obra y de las materias primas.

Las recomendaciones de política económica que se extraen de esta consideración son inmediatas: es necesario reducir en lo posible los costes de financiación, para lo que resulta una exigencia previa la consecución de los equilibrios fundamentales de una economía (fiscal, de precios y otros); asimismo, es necesario acompasar los crecimientos de los salarios a los que permiten los crecimientos de la productividad; por fin, resulta adecuado continuar los esfuerzos ya emprendidos de investigación y desarrollo de nuevas fuentes de energía y menor dependencia y utilización de las tradicionales, así como en la mejora de los procedimientos en base a la utilización de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación.


Por otra parte, existen otros factores diferentes de los de precios (aunque ambos están relacionados, por lo que factores distintos de los de precios terminan influyendo en estos últimos) que influyen notablemente en la competitividad de las empresas, por que lo hacen en la productividad de los factores y en la calidad y resultados de los productos o servicios ofrecidos.

En aras de la brevedad, vamos a referirnos exclusivamente a algunos factores que pueden enmarcarse dentro del marco fiscal, laboral y tecnológico, en que actúan las empresas turísticas españolas.


La actualización de los trabajos realizados por la CEOE sobre el impacto de las rentas de los asalariados, del excedente bruto de explotación y de los impuestos en nuestra inflación, presenta una contribución de los tributos al crecimiento de nuestros precios que varía en el período 1995 a 2001 entre un máximo del 59% y un mínimo del 32%. Por tanto, sin duda el crecimiento de los impuestos y de las cotizaciones a la Seguridad Social tienen un reflejo en el crecimiento de nuestros costos y precios y contribuyen a la pérdida de competitividad de nuestra economía, por lo que los poderes públicos de la Administración Central, de las Comunidades Autonómicas y de los Ayuntamientos deben ser conscientes de su responsabilidad en este campo.

No sólo compiten las empresas sino también los entornos institucionales de cada país. Por ello, la moderación del gasto público y la regulación adecuada de las actividades conforman un entorno competitivo para las actividades empresariales

La fiscalidad no debe constituir un obstáculo para la competitividad de un sector como el turístico caracterizado por una competencia exacerbada con una demanda extraordinariamente sensible a las alteraciones de precios y con una oferta en progresivo crecimiento especialmente la procedente de países de baja o nula tributación.

En este contexto constituye una prioridad inexcusable por parte de los poderes públicos crear un marco jurídico, económico y técnico que propicie el mantenimiento y la mejora de la competitividad de las empresas turísticas españolas. La imposición indirecta se convierte, por tanto, en un elemento fundamental para la consecución de tales objetivos.


En España, el principal impuesto indirecto es el IVA, cuya regulación básica viene establecida por normas de la Unión Europea. Dentro de los estrechos márgenes que esa regulación deja a los estados miembros, se encuentra la posibilidad de aplicar tipos reducidos para determinadas actividades. Queremos alertar del riesgo que representan ciertas corrientes de opinión en el seno de la Unión Europea que, invocando razones armonizadoras, podrían tratar de eliminar la posibilidad de seguir aplicando en España tipos reducidos a algunas de las actividades del sector turístico, que vienen disfrutando de ellos desde la implantación del IVA y por otra parte, intentar elevar el tipo general existente en nuestro país

Queremos alertar del riesgo que representan ciertas corrientes de opinión en el seno de la Unión Europea que, invocando razones armonizadoras, podrían tratar de eliminar la posibilidad de seguir aplicando en España tipos reducidos a algunas de las actividades del sector turístico, que vienen disfrutando de ellos desde la implantación del IVA y por otra parte, intentar elevar el tipo general existente en nuestro país.

También constituye una preocupación para el Sector Turístico la amenaza latente que supone el hecho de que las exigencias de equilibrio presupuestario puedan llevar a compensar las rebajas de la imposición directa con elevaciones en la indirecta que afecten al tipo general del IVA.

Como en la mayor parte de las actividades empresariales españolas, las empresas integradas en el sector turístico son, básicamente, PYMES; por ello, es necesario que el sistema tributario tenga en cuenta, en todo momento, la realidad económica y social de las PYMEs del sector y, en consecuencia, la fiscalidad que les afecta contribuya a su fortalecimiento y expansión. En este sentido, es bienvenida la supresión del IAE para determinadas empresas aún cuando debemos señalar que, a nuestro juicio, debería realizarse con carácter general, puesto que se trata de un tributo anacrónico incompatible con un sistema fiscal moderno.

En cualquier caso, no resulta aceptable que el IAE que se suprime a ciertas empresas deba ser soportado por las restantes incrementando su tributación. Por otra parte, al fijar los parámetros de exención, debe tenerse en cuenta la particularidad de las empresas turísticas, como son las agencias de viajes y tour operadores, que por su carácter de intermediarios tienen teóricamente unos volúmenes de facturación que, sin embargo, no corresponden a la realidad económica derivada de su actividad.

Siguiendo con la fiscalidad de las PYMEs, es necesario advertir de la inconveniencia de dejarse arrastrar por opiniones y reclamaciones interesadas que insisten reiteradamente en que se suprima el régimen de estimación objetiva por módulos. Se trata de un sistema que funciona eficazmente, asegura una tributación, en la mayor parte de los casos, adecuada a la realidad de las PYMEs y proporciona indudables ventajas de administración y gestión tanto a las empresas como a la Hacienda Pública.


Otro aspecto tributario de gran interés para el sector está constituido por el capítulo de las tasas. Su proliferación en los últimos tiempos y el desmesurado aumento de sus cuantías determinan unos costes difíciles de asumir por las empresas turísticas y de generalizado rechazo por parte de la clientela.

Los nuevos pactos de financiación autonómica y local se basan en el principio de corresponsabilidad fiscal al recibir nuevas competencias prestadas, con anterioridad, por la Administración Central. Por lo tanto, la financiación de tales competencias no debe buscarse en nuevas figuras tributarias o en un incremento del gravamen de las existentes, sino que debe extraerse de las partidas que, con anterioridad a estos pactos, figuraban en los Presupuestos Generales del Estado financiando tales competencias y en la reordenación del gasto público autonómico y local para el caso de mejora de algunos de estos servicios.

En todo caso ha de evitarse el establecimiento de figuras o tasas tributarias que graven sectores productivos aislados, porque en este caso, al resultado de la pérdida de competitividad por incremento de su presión fiscal, se une el no menos indeseable de la discriminación sectorial.

El traspaso de competencias no debe, por tanto, suponer un crecimiento de la presión fiscal global, suma de los impuestos destinados a la Administración Central, Comunidades Autonómicas y Ayuntamientos.

Por otra parte, el desplazamiento de la presión fiscal directa hacia los impuestos indirectos para favorecer la inversión y las actividades económicas no debe, tampoco justificar un aumento de la carga tributaria global. Las distintas Administraciones Públicas deben ser conscientes del peso que sus decisiones puedan tener en la competitividad de las empresas radicadas en los distintos territorios y en la creación del empleo.

En definitiva, queremos insistir en que es necesario frenar el creciente aumento de la fiscalidad en materia autonómica y local que constituye una amenaza para todas aquellas actividades económicas, como la turística, cuyo auge y extensión las hace parecer como un objetivo preferente de los afanes recaudatorios de los entes territoriales. Por idéntica razón, debemos expresar nuestra preocupación por la futura reforma del marco tributario de las Haciendas Locales, por el riesgo de que los ayuntamientos puedan establecer tributos sobre las actividades de las empresas, que pongan en peligro la creación y el mantenimiento de iniciativas como las turísticas que constituyen una garantía de progreso económico y social de sus habitantes.


En un entorno globalizado, donde las diferencias en el acceso a los recursos tecnológicos son cada vez menores, el capital humano adquiere un valor creciente como elemento diferencial que puede determinar la competitividad final de las empresas.

El fomento de la actividad productiva, la creación de nuevas empresas y el crecimiento y desarrollo de las ya existentes es, hoy por hoy, la mejor garantía para el empleo y para los sistemas de protección social si, además, queremos converger con nuestros socios de la Unión Europea.

La disponibilidad de recursos humanos, su adecuada cualificación, las posibilidades de recurrir a distintas formas de organización del trabajo y, en definitiva, todo el conjunto de factores que determinan el mercado de trabajo resultan esenciales para que las empresas puedan o no desarrollar su potencial de crecimiento y competitividad.

Es la actividad económica, pues, la que crea empleo si se acompaña de las adecuadas medidas laborales.


Es cierto que en las últimas décadas se han operado importantes transformaciones en nuestro mercado de trabajo. Lo acaecido en España es el reflejo de un cambio necesario realizado de forma más rápida e intensa que en los restantes países de nuestro entorno.

El paso de una economía relativamente cerrada a otra mucho más competitiva y con un grado de apertura extraordinario ha exigido grandes esfuerzos de ajuste. El momento y la velocidad de dichos ajustes han repercutido, en ocasiones, de forma socialmente traumática en el mercado de trabajo. Estos y otros factores ayudan a comprender, en un contexto de transformación acelerada, la alta tasa de desempleo que ha existido durante mucho tiempo en nuestro país, pero que durante los últimos años se ha reducido de forma significativa.

En efecto, en los últimos años, junto a una política macroeconómica sana, el propio cambio social y de actitudes ha favorecido la adopción de medidas en el ámbito de las relaciones de trabajo que no sólo han contribuido a liberar nuestro potencial de empleo sino también a la apertura de un proceso de reforma continua que facilite una adaptación constante.

A este respecto hay que destacar que, pese a la mala coyuntura económica del último año que ha llevado incluso a un ligero retroceso en el empleo, nuestro país ha afrontado esta desaceleración de manera más positiva que otros países europeos en términos de empleo, manteniendo las expectativas de proseguir con la reducción del desempleo el próximo año, a medida que vaya afianzándose el proceso de recuperación económica.

Si analizamos la situación actual, encontramos como rasgos más significativos los siguientes:

  • Reducción de la tasa de desempleo que, con algún altibajo, ha disminuido en 11 puntos entre 1994 y 2001. La actual tasa de desempleo se sitúa en el 11,5% (EPA, 1º trimestre 2002).
  • Creación de más de 2.100.000 empleos netos en los últimos 6 años. El empleo, además, ha crecido de forma intensa en España que en los restantes países de nuestro entorno.
  • Cifras récord de afiliación y recaudación por cuotas a la Seguridad Social (15,8 millones afiliados en el mes de Abril de 2002)
  • Incremento en la contratación de carácter indefinido, en los últimos años, en los que gran parte del empleo neto creado fue de carácter estable. En el sector privado, la tasa de temporalidad se ha visto reducida en 4 puntos desde 1997.
  • La modernización de la estructura productiva ha cambiado en poco tiempo la distribución sectorial del empleo. El porcentaje de la población ocupada del sector servicios se sitúa cerca de la media de los países de nuestro entorno (62%).

Ahora bien, esos hechos positivos, incluida la excelente evolución del empleo desde 1994, no deben ocultar el entorno menos favorable al que asistimos desde mediados del 2001, por lo que resulta necesario realizar esfuerzos suplementarios en materia sociolaboral.

Elementos como los costes salariales, su vinculación a la productividad de las empresas o la reducción de las cargas fiscales que gravan el factor trabajo no son ajenas a este objetivo.

También reviste una gran importancia el marco normativo de la contratación a la hora de determinar el uso por las empresas de unos u otros resortes de flexibilidad para adaptarse al cambio.

El compromiso empresarial pasa por lograr mejores equilibrios en el panorama de la contratación en nuestro país, haciendo de la estabilidad un valor clave para los individuos y para las empresas. Con ese objetivo se han venido afrontando diversas reformas laborales en los últimos años, que deberán proseguir a la luz de la experiencia obtenida de reformas anteriores.

En la actualidad, en lo que se refiere a la estructura del desempleo, hay que destacar que están conviviendo en nuestro país situaciones de pleno empleo, e incluso de carencia de recursos humanos, en determinadas zonas geográficas con otras en las que el volumen de desempleo histórico apenas ha sufrido modificaciones en los últimos diez años. Así, contrasta el 20% desempleo de Extremadura con el 5% de Aragón o Navarra.

El desempleo, además, se concentra en determinados segmentos de población, en particular el colectivo de jóvenes y mujeres, y sobre determinados sectores y especialidades.

El desempleo, por tanto, ha pasado, en gran medida, de ser un problema general a concentrarse en determinados territorios, niveles de cualificación, especialidades, y colectivos.

Simultáneamente, han aparecido serios problemas ligados a la carencia de los recursos humanos adecuados para cubrir determinados empleos disponibles, tanto cualificados como sin cualificar, especialmente en determinadas zonas y sectores, de los que el turismo es uno de los mejores ejemplos.

Este es un problema crucial, ya que disponer hoy de los recursos humanos adecuados constituye una exigencia de la competitividad. Si no es así, está demostrado que las carencias de personal, con la cualificación adecuada, se traducen inmediatamente en “cuellos de botella” que impiden la necesaria adaptación de las empresas en el momento oportuno para imponerse en el mercado.

Este fenómeno podría verse corregido en parte con una adecuada política de inmigración.


Es evidente que la inmigración va a jugar un papel clave en el mercado laboral en los próximos años.

No pueden negarse los efectos positivos del fenómeno migratorio en términos de ajuste del mercado de trabajo y contribución al crecimiento económica, así como, desde una perspectiva más amplia, al rejuvenecimiento de la población o al mantenimiento de los sistemas de bienestar, entre otras cuestiones.

Sin embargo, la llegada de flujos de inmigración desordenados puede producir efectos indeseados y distorsiones en el propio acceso al mercado de trabajo y en las condiciones de vida, tanto de trabajadores inmigrantes como de nacionales. Es preciso evitar que estas situaciones lleguen a repercutir en una pérdida de los niveles de seguridad ciudadana, en problemas de convivencia o en brotes de racismo o xenofobia.

Es claro que en muchas ocasiones las ofertas de empleo que presentan los empresarios europeos no se atienden con los ciudadanos nacionales, limitando las posibilidades de crecimiento de nuestras empresas.

Este es el caso del sector del turismo, fundamentalmente debido a que cuenta con horarios y jornadas diferentes de las tradicionales en otros sectores.

Cuando los flujos migratorios responden a estas necesidades, no sólo se garantiza una adecuada inserción laboral, sino que se constata el hecho de que no existe un reemplazo o competencia por los puestos de trabajo con los trabajadores nacionales, sino una complementariedad respecto a los mismos. De hecho, con frecuencia se comprueba que la afluencia de mano de obra extranjera no aumenta la tasa de paro nacional. Por el contrario, los flujos de inmigración irregular no garantizan que se cubran estas necesidades y pueden producir otro tipo de problemas a los que nos hemos referido.

Resulta, por tanto, esencial lograr una adecuada ordenación de la afluencia de inmigrantes, canalizándola a través de los cauces que garanticen esa integración social y laboral.

En esta cuestión, y aunque la política de inmigración recae principalmente en la responsabilidad de los Estados Miembros, la supresión de los controles fronterizos interiores conlleva que las respuestas nacionales no sean ya suficientes, por lo que la dimensión comunitaria debe estar muy presente.

En lo que se refiere a España hemos sufrido un importante cambio en nuestras pautas migratorias. Desde hace algunos años, estamos recibiendo flujos migratorios de importancia creciente, que han acudido fundamentalmente por cauces irregulares, pudiendo legalizar su situación con posterioridad, una vez que encontraban un empleo. Esta experiencia no es, por otro lado, muy diferente de la que han experimentado otros estados europeos.

La normativa actual, pretende cambiar estas pautas de entrada ilegal, y posterior regularización de la situación laboral, sustituyéndola por un procedimiento basado en la ordenación de los flujos migratorios, realizada desde los países de origen, en función de los contingentes fijados cada año a partir de las Ofertas de empleo de nuestras empresas.

El objetivo, que todos suscribimos, es canalizar la emigración por cauces organizados en función de las necesidades y posibilidades reales de nuestros mercados de trabajo, de manera que se ordene tanto la entrada de inmigrantes estables como la atención a necesidades de trabajo temporales o de campaña. La materialización de este objetivo, por el contrario, no es un tarea fácil, ni parece estar garantizado con los procedimientos actuales.

Por un lado, es preciso anular las pautas de entrada irregular que mantienen su inercia favorecidas en ocasiones por los propios contactos personales entre inmigrantes residentes y otros ciudadanos de los países de origen. En todo caso, no cabe duda que debemos centrar nuestros esfuerzos en este objetivo, sin desconocer que siguen planteándose situaciones de difícil solución por la presencia en territorio europeo de un elevado número de ciudadanos "sin papeles".

Por otro lado, resulta imprescindible que los mecanismos que permitan ordenar la entrada regular desde terceros países, sean ágiles y efectivos, de manera que puedan satisfacerse todas las necesidades de empleo que presenten las empresas.

Sólo la existencia de mecanismos que respondan de manera rápida y efectiva a estas necesidades podrá constituirse en alternativa real a las pautas de entrada irregular de inmigrantes, tanto a los ojos de empleador como del trabajador inmigrante. Lamentablemente, los esquemas aprobados para la gestión del contingente anual de inmigrantes en la actualidad, no resulta una aproximación adecuada, ya que limita mucho la posibilidad de plantear ofertas de empleo no contempladas en el contingente y no posibilita la realización de ofertas nominativas.

Por otro lado, la coordinación de las distintas autoridades implicadas es un elemento esencial en esta cuestión, y tampoco parece suficientemente garantizado. Los objetivos planteados en las actuales propuestas normativas europeas, insisten precisamente en el establecimiento de procedimientos claros y sencillos que, respetando la situación de los mercados nacionales, permitan contratar con éxito y rápidamente en terceros países.

Por otro lado, para responder a los requerimientos específicos de nuestros mercados de trabajo, se nos plantean toda una serie de necesidades de formación de los trabajadores inmigrantes, que deben además ser complementadas con otros elementos esenciales para su adecuada inserción social, laboral y cultural en Europa.

En los países de acogida los retos de educación y formación son un elemento esencial para su adecuada integración. Estos retos abarcan desde el acompañamiento a la inserción del inmigrante, con formación en cuestiones como la lengua y la cultura de los países de acogida, hasta la extensión de los recursos formativos disponibles a la población inmigrante. Nos referimos a las ofertas de formación inicial de los propios sistemas educativos, tanto para el inmigrante como para su familia, pero también a las posibilidades de formación continua si el inmigrante se encuentra trabajando, o de formación ocupacional en los períodos de desempleo.

Es evidente que, en todas estas cuestiones, lo que cabe es una acción coordinada en la que las empresas y las organizaciones empresariales podemos asumir también nuestra responsabilidad.

Un ejemplo de esa actuación coordinada podría ser el diseño y desarrollo de acciones formativas en los países de origen, con el objeto de garantizar que estas acciones respondan a las necesidades reales de las distintas empresas y sectores productivos.

Estamos en definitiva ante un fenómeno que podemos abordar con mentalidad empresarial, en términos de análisis de los riesgos y oportunidades, procurando aprovechar las ventajas de una inmigración ordenada, consensuada socialmente y adecuada a las posibilidades y realidades de las distintas zonas geográficas y sectores.


Otro de los aspectos que inciden en la competitividad de las empresas, es el relativo al ejercicio del derecho de huelga y los efectos que tiene, en particular, en el sector turístico, tanto los inmediatos derivados del propio ejercicio, como por la imagen de España en el exterior que se ofrece en determinadas fechas de afluencia masiva de turistas.

Por ello y partiendo del respeto del derecho de huelga reconocido en nuestra Constitución, hay que recordar en este punto que los efectos y el desarrollo de las huelgas en muchos casos exceden al propio derecho para colisionar con otros. Debe establecerse una proporcionalidad entre los medios y los fines de una huelga. La desproporción y el exceso desvirtúan el propio derecho.

Entre las disfunciones del ejercicio del derecho de huelga podemos citar, entre otras, las siguientes:

  • En muchas ocasiones la huelga no afecta sólo a las partes en conflicto, sino también a terceros que, ajenos al mismo, tienen que soportar los efectos negativos de la huelga.
  • La actuación de los piquetes informativos cuya misión, en la mayoría de los casos, excede al propio fin de informar para convertirse en límite al ejercicio individual del derecho de huelga, mediante la amenaza o la coacción.
  • La violencia ejercida tanto frente a personas como frente a bienes de la empresa debe ser rechazada.
  • En materias de servicios mínimos, una de las principales disfunciones viene derivada de su incumplimiento como instrumento de presión añadida con el fin de conseguir más rápidamente los objetivos pretendidos.

Siendo la huelga el último mecanismo de presión de los trabajadores, deberían agotarse todas las vías de negociación para evitarla. Defendemos el uso del diálogo y de los mecanismos de solución extrajudicial previstos en la actualidad, no solo en fase previa a la convocatoria, sino también, en su caso, una vez iniciada ésta.


Por todo ello y teniendo en cuenta que, como se ha dicho, uno de los aspectos que mas negativamente inciden en la competitividad de las empresas turísticas y, por ende, en la imagen de España como destino turístico es el relativo al ejercicio del derecho de huelga, consideramos que deberá introducirse la normativa necesaria para conseguir:

  1. Al igual que ocurre en la normativa que regula las elecciones para los distintos órganos de representación democrática en sus diferentes estamentos local, autonómico y nacional, deberá prohibirse cualquier acto de información en las 24 horas anteriores al inicio de la huelga, lo que solventaría el problema de los llamados paquetes informativos.
  2. La decisión de convocatoria de la huelga debe ser adoptada por la mayoría de los trabajadores afectados, mediante votación secreta.
  3. Los servicios mínimos en aquellas actividades que así se requiera, deberán establecerse con carácter permanente y ser negociados cuando no exista ninguna conflictividad

Por otra parte, a pesar de la recuperación económica que hemos vivido en España, de los avances en la modernización de nuestro marco laboral, y las consecuciones en materia de empleo, aún se plantean desafíos en diversos órdenes para la sociedad en su conjunto y para las empresas y trabajadores en particular.

Como ya se señaló en el Consejo Europeo celebrado en Lisboa (Marzo de 2000), y se ha reiterado en la Cumbre de Barcelona, junto al objetivo del pleno empleo, la exclusión social y la modernización de los Sistemas de protección social, aparecen nuevos retos derivados de la globalización, el cambio tecnológico o el envejecimiento de la población, cuya solución pasa por la creación de nuevos factores competitivos y la renovación del propio modelo social.

En consecuencia, es necesario actuar también sobre elementos como: a) la flexibilidad laboral y b) la formación


a) Flexibilidad laboral

La flexibilidad de los mercados de trabajo favorece la mejora de la competitividad y el empleo.

La experiencia de las dos últimas décadas demuestra que la rigidez de los mercados de trabajo se ha pretendido compensar con temporalidad en el empleo. Hoy está generalmente admitido que una mayor flexibilidad del mercado de trabajo puede combinarse con seguridad en el empleo.

Por ello es necesario conseguir que el marco normativo de la contratación permita a la empresa adaptarse a las exigencias de modernización de las estructuras productivas y a los ciclos estacionales inherentes a la actividad turística, para lo que deben de jugar un papel fundamental las políticas de protección por desempleo y los costes de despido que continúan todavía siendo en España uno de los más elevados de la Unión Europea.

Igualmente deberían corregirse las dificultades a los condicionantes de diverso orden, que limitan en el actualidad la movilidad geográfica en nuestro país.

Algunas de las actuales propuestas del Gobierno tienen precisamente que ver con el establecimiento de ayudas de diversa índole, que podrían compensar en cierta medida los inconvenientes derivados de los desplazamientos y cambios de alojamiento.

Además, entre otras medidas, resulta imprescindible garantizar la coordinación y el intercambio transparente y fluido de información sobre ofertas y demandas de empleo entre los distintos Servicios de Empleo de las Comunidades Autónomas, al tiempo que se incrementa su eficacia y se fomenta la confianza de las empresas en su utilización.

A este respecto, la actualización de la Ley Básica de Empleo adaptándola a una situación de gestión descentralizada y a las necesidades de modernización de los Servicios Públicos de Empleo, parece que finalmente va a ser abordada.

Asimismo, las perspectivas demográficas que se abren para los próximos años deben provocar una reflexión que incluyen la posibilidad de graduar el retiro de la vida activa, de compatibilizarlo con la transferencia de conocimientos a los trabajadores más jóvenes, o el papel que debe jugar una inmigración canalizada a través de formas legales de entrada y trabajo en nuestro país.


b) Formación de los Recursos Humanos

Disponer de recursos humanos cualificados constituye una exigencia de la competitividad.

La necesidad de contar con unos recursos humanos cualificados exige una cultura de aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, en la que el objetivo a lograr es la empleabilidad, la capacidad para aprender y adaptarse a los requerimientos de un entorno en cambio constante.

La población activa española ha experimentado un importante crecimiento de su nivel educativo en los últimos años. A pesar de ello, un 25% de la población activa sólo posee estudios primarios y las tasas de fracaso escolar superan ampliamente a las de otros países de nuestro entorno. De otro lado, el número de titulados universitarios ha aumentado hasta situarse en niveles que superan la media europea, en las cohortes más jóvenes. De este modo, la población de estudiantes parece haberse dividido entre los que abandonan los estudios una vez finalizado el período obligatorio, incluso sin haberlo superado, y los que se dirigen a la Universidad, configurando una estructura bipolar que no coincide con las necesidades de las empresas. Los niveles intermedios, en particular los que corresponden a la formación profesional no reciben suficiente número de alumnos.

Pero más allá de la formación inicial, estamos hoy ante el reto de extender una cultura del aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida, en el que la formación continua está llamada a desempeñar un papel esencial. Cuestiones como la acreditación de la formación inicial y de la continua, así como de la competencia profesional adquirida por vías no formales, deben ser objeto de análisis en los próximos años, de manera que se puedan capitalizar los aprendizajes acumulados a lo largo de toda la vida.

La formación es también un elemento fundamental en la actividad turística que requiere una cooperación entre todos los implicados y es una responsabilidad compartida entre los individuos, los poderes públicos y las empresas. La necesidad de aproximar los sistemas de formación a los requerimientos de las empresas exigen mecanismos mas eficaces de observación del mundo del trabajo y una más fácil articulación del aprendizaje en el puesto de trabajo. Por ello debe existir una continua y decidida colaboración entre las empresas y el poder público para, por un lado poner en marcha proyectos concretos y por otro adecuar la normativa necesaria para permitir ese aprendizaje en el puesto de trabajo a través de prácticas en empresas, contratos formativos, etc.


Finalmente, hay que señalar que los trabajadores y sus Sindicatos están mostrando una sensibilidad en la moderación del crecimiento de sus retribuciones para apoyar la creación de empleo, esfuerzo que debe mantenerse, por el peso que los salarios tienen en los costes de las empresas y por ende en su competitividad.

Paralelamente a este esfuerzo y, dado que la Seguridad Social presenta presupuestos en superávit, deberían reducirse las cotizaciones empresariales que suponen, en nuestro país, una contribución mayor que el de nuestros competidores y un impuesto sobre el empleo.

El sector turístico necesita, para mantener su competitividad, incorporar las tecnologías de la información y comunicación, y por ello, debe favorecerse la viabilidad económica y técnica de su acceso a las mismas.

Un instrumento que puede contribuir notablemente a la consecución de ese objetivo es la recién creada Eurotourism. La Corporación Eurotourism es una Asociación que ha recogido el testigo del Proyecto Eurotourism, que dentro del marco EUREKA fue presentado por la Presidencia española de la Unión Europea, y que está formada por la iniciativa privada, representada por Empresas Turísticas, de Comunicación e Informática, junto con Universidades, Centros de Investigación y las Administraciones Turísticas y de Ciencia y Tecnología.

Por un impulso inicial español y una vocación internacional, pretende convertirse en el verdadero nexo de unión y en el propio motor de la aplicación inteligente de las nuevas tecnologías en turismo, dentro del marco de los programas EUREKA y PROFIT, en estrecha colaboración con todos los actores implicados. Su condición de casa común de los usuarios de la tecnología, de los creadores de la misma, de los que deben implantarla y de los que deben esforzarse por potenciar el marco en el que todo ello sea posible convierten a la Corporación Eurotourism, una Asociación sin ánimo de lucro, en un proyecto que debe ser apoyado decidida e incondicionalmente por el Ministerio de Economía y Turismo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como por todas las asociaciones empresariales turísticas, para lograr las mayores sinergias que tan necesarias nos son.